La tortura es una decisión política, y para mantenerla es necesaria toda una maquinaria. Son parte de esa maquinaria los policías, pero muy especialmente los políticos, y con ellos jueces, médicos forenses, abogados y los medios de comunicación que blanquean y encubren la tortura. Estos son elementos imprescindibles para ocultar esta salvajada.
Este 13 de febrero se cumplen 41 años de la muerte de Joxe Arregi como consecuencia de las torturas a las que le sometió la Policía Española. La Policía Española lo mantuvo detenido en régimen de incomunicación durante 9 días, tras los cuáles el juez ordenó su envío a la prisión de Carabanchel. Desde entonces, en Euskal Herria el 13 de febrero es el Día Contra la Tortura.
Unos días después, Arregi murió preso. Las fotos realizadas a su cuerpo mostraban claramente el infierno sufrido a manos de la policía. Los moratones y las heridas cubrían su piel.
Emprendieron acciones legales contra los torturadores, así como contra los médicos que habían intentado ocultar las torturas, pero la mayoría de ellas fueron archivadas. Finalmente, en 1989, dos de los torturadores fueron condenados a 3 meses de cárcel. Posteriormente, todos los procesados en los distintos juzgados fueron ascendidos en sus cargos como agradecimiento a los servicios prestados al Estado.
Las torturas, lejos de ser casos aislados, han sido una constante por parte del Estado Español contra militantes políticos, y ha llegado a cantidades increíblemente altas en un país pequeño como lo es Euskal Herria. Los torturados y torturadas son alrededor de 7000, la mayoría en ese plazo de la llamada democracia.
En el caso de las torturas, cuando no han podido esconder más basura debajo de la alfombra, habitualmente se ha puesto toda la atención sobre los policías, y no es que no haya que ponerla sobre ellos, sino que solo se ha puesto sobre ellos para tapar las responsabilidades de otros.
La tortura es una decisión política, y para mantenerla es necesaria toda una maquinaria. Son parte de esa maquinaria los policías, pero muy especialmente los políticos, y con ellos jueces, médicos forenses, abogados y los medios de comunicación que blanquean y encubren la tortura. Estos son elementos imprescindibles para ocultar esta salvajada.
Todos los estados de Europa han utilizado y utilizan la tortura y, en el caso del Estado Español, el hecho de que no haya anulado la ley que permite la incomunicación y que facilita la tortura, demuestra que se reserva el “derecho” a volver a torturar en cualquier momento.
Debemos recordar que casi todos los partidos políticos han apoyado la tortura. En este momento en el que están intentando construir el relato de lo que ha ocurrido en los últimos 60 años, los unos y los otros están intentando sacudirse las responsabilidades. Es conocida la generosidad del PSOE y del PP respecto a la tortura, pero no podemos olvidar las torturas y las palizas realizadas por el PNV, con el apoyo de Eusko Alkartasuna, por medio de los cipayos. No reconocer los casos de tortura se convierte en un ataque doble contra los torturados y las torturadas.
En 2008, aprovechándose de la Ley de Partidos, el PNV decidió cambiar el nombre de la plaza Joxe Arregi en Zizurkil, argumentando que era un ataque hacia las víctimas, y la moción contó con el voto favorable de EA, PSE, PP y Aralar-EB, definiendo de la mejor manera posible la foto de la justificación de la tortura.
Para terminar, no podemos olvidarnos de las militantes políticas que están en la cárcel, la deportación o el exilio por luchar contra la tortura y el resto de opresiones, ni que las condenas de cárcel de muchas de ellas están basadas en los testimonios robados por medio de la tortura. Tinko quiere mostrar su apoyo y solidaridad a todas aquellas personas que, de un modo u otro, han sufrido las consecuencias de la tortura, y exige la amnistía total para todos los militantes que están condenados por luchar.
