2022-05-26

CEIVAR, organismo antirrepresivo de Galiza, entrevista a TINKO

¿Cuál es la situación del movimiento antirrepresivo vasco? ¿En qué contexto nace Tinko?

Tinko nace en un contexto en el que, por un lado y en cuanto a lucha se refiere, salimos de la década en la que la lucha armada ha dejado de existir en Euskal Herria. Por otro lado y casi coincidiendo en el tiempo, llevamos más de una década sufriendo una crisis del capitalismo que lleva a los poderosos a reposicionarse para mantener sus privilegios, y que lo hacen como lo han hecho siempre, que es de manera violenta en forma de represión.

Es decir, que por un lado hay una ofensiva contra la clase obrera, basada en un proceso de proletarización y empobrecimiento de la mayoría de la población, y por otro un proceso de asimilación nacional que nunca ha cesado, impulsado por los Estados español y francés.

En un contexto así, podemos decir que una fase de lucha muere, pero que otras van naciendo, aunque aún les falte tiempo para llegar a su maduración, como es lógico en cualquier proceso. Los estados amoldan su fuerza represiva al nivel de resistencia que encuentran por parte de quienes se revelan, en el caso de Euskal Herria lo han hecho, pero esto no quiere decir que haya habido un cambio de raíz o estructural por parte de los estados en cuanto a su carácter represivo.

La persecución política contra militantes no ha cesado en ningún momento, porque como hemos visto sigue habiendo detenciones, encarcelamientos, seguimientos y espionaje, palizas a manifestantes, prohibición de facto de hacer reuniones políticas, ataques a gaztetxes, proposiciones de colaboración con la policía a cambio de cesar el hostigamiento hacia militantes…

Pensamos que si la situación cambia en todos los niveles, la lucha antirrepresiva también debe evolucionar para ser más efectiva. La reivindicación de la amnistía total debe ser la clave para unir fuerzas contra la represión, porque es la única de las opciones que pone como condición acabar, no solo con la represión, sino con todo tipo de opresión.

Es por ello que esta reivindicación debe abarcar desde quien recibe una multa por participar en un piquete, hasta quien está cumpliendo condenas de décadas de cárcel. Porque el enemigo que nos encarcela es el mismo, y porque todas estas personas son reprimidas por luchar por derechos básicos.


En vuestro comunicado de presentación habláis de crear una Red Antirrepresiva. ¿En qué consiste esta red?

Esa red consiste en crear una herramienta que ayude a visibilizar la represión, que sirva para amortiguar sus consecuencias y que ayude a hacerle frente de manera colectiva, y no individual. Hay que denunciar las particularidades de cada caso, pero hay que concienciar de que cada uno de esos casos forma parte de un todo, es decir, de la superestructura jurídica, política e ideológica de los estados que oprimen a nuestro pueblo y a nuestra clase. Que la frase de “que le puede tocar a cualquiera” es cierta solo a medias, porque la represión es una herramienta bien planificada para aplastar a la disidencia, aunque para ello no le importe llevarse por delante a quien haga falta.

Por eso nuestra propuesta de red antirrepresiva tendrá un carácter de participación amplia, para que nadie quede fuera, pero también unos puntos mínimos que toda aquella persona que participe en ella o reciba su ayuda debe cumplir. Si como militantes nos reprimen, como militantes debemos responder. Esos mínimos serían la reivindicación de la amnistía total, alimentar la red para fortalecerla ante otros casos represivos, poner lo colectivo por encima de lo individual y no renegar de haberse acogido a derechos políticos básicos como el derecho a organizarse, el derecho de manifestación, el de reunión y el de la libertad de expresión.

¿Cuál es la situación de los presos y presas políticas vascas?

Les han ido pasando de primer a segundo grado, y ya no quedan presos ni presas políticas vascas en las galerías de aislamiento. Lo que no ha parado de crecer son las condenas de algunos y algunas de ellas. Que la dispersión, que sigue existiendo, sea menor que antes es un alivio para las familias, pero la cárcel sigue siendo eso: un agujero creado por el sistema para arrojar en él a esas personas que no se ajustan a los parámetros de docilidad exigido. Evidentemente ahí entran los militantes políticos.

En las cárceles los abusos son constantes, las amenazas también. Y aún cuando eso no va dirigido a los presos y presas políticas, la vida en prisión transcurre en un clima constante de tensión, de sometimiento y de arbitrariedades. Porque a diario decenas de presos sociales son apaleados y torturados en cárceles españolas y francesas.

Además, todos y todas las presas políticas vascas que están en cárceles españolas siguen calificadas como FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento). En las cárceles francesas mantienen el estatus de DPS (Presos Especialmente Señalados) a cuatro. Todo esto supone una dificultad a la hora de acceder a derechos, algunos tan básicos como una salida al hospital.

Y como comentábamos al principio, las condenas no han cesado y hay militantes que tienen que cumplir hasta 40 años de prisión. Tampoco hasta el momento el Estado español está aceptando las refundiciones de condenas de quienes han cumplido antes en Francia, con lo que hay casos en los que se está cumpliendo la condena dos veces.

Nos parece que la principal apuesta del Estado español pasa por desmovilizar a la gente y que los presos y presas políticas acaben cumpliendo la totalidad de las condenas. Más cerca, en segundo grado y completas, con algunas reducciones para quienes decidan trabajar en la cárcel y firmar la aceptación de la legalidad penitenciaria y que renieguen de su militancia.

Finalmente, y para aclarar lo que es la cárcel, recordar que en la de Zaballa el número de presos muertos es alto desde que se inauguró, o que la muerte de Igor González Sola se produjo en la de Martutene. Igor estaba enfermo y la cárcel, en vez de tomar las medidas necesarias, como enviar informes al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para favorecer que fuera liberado, dejó de aplicarle los protocolos que podían evitar su muerte. Esto es la cárcel: una institución violenta, asesina, opaca y en la que las personas que están presas se encuentran indefensas ante cualquier abuso.

¿Qué opinión os merecen los acercamientos que se están haciendo en el Estado Español de presos y presas políticas vascas a Euskal Herria?

Cualquier mejora en las condiciones de vida es siempre algo positivo. Históricamente, en las cárceles, a la reivindicación de la amnistía se le han unido las luchas por condiciones más dignas, que han abarcado distintos aspectos de la vida en prisión. Cuando se consiguen derechos en las cárceles, se puede decir que se crean espacios de oxigeno para poder hacer frente a tanta asfixia y tanta barbarie, porque si algo destaca en la cárcel, es que prácticamente todo tipo de relación allí dentro se basa en la violencia y en el poder, desde la que ejercen los propios carceleros hasta la que nace de juntar en pocos metros cuadrados a cientos de personas maltratadas por el sistema desde su nacimiento. Por lo tanto, cualquier mejora en las condiciones de vida es positiva.

Ahora debemos analizar el contexto en el que se llevan a cabo estos acercamientos, que por otra parte son un clamor en Euskal Herria desde la década de los 90, que es cuando cuajó el lema de “Euskal Presoak, Euskal Herrira”. La política de dispersión se puso en marcha con el fin de agudizar las presiones internas dentro de ETA, cosa que por cierto fracasó, salvo contados casos. Si ya para los creadores de la dispersión, que fueron el PNV y el PSOE, esta suponía un lastre en los últimos años de la lucha armada de ETA, una vez desaparecida esta organización, la dispersión se convierte en un problema incluso para los que la crearon.

Desde que el PSOE con Pedro Sánchez volvió al Gobierno Español, diseñó el final de la política de dispersión y dividió su paulatino final según los kilómetros de distancia a los que iba a ir acercando a los presos y presas según sus perfiles.

No nos cabe duda de que ese proceso se iba a dar de todas las maneras. Otros defenderán que el apoyo de EH Bildu al Gobierno español es lo que lo ha posibilitado, y el PNV dirá que ellos han estado gestionando, pero en nuestra opinión esto, a lo sumo, ha hecho que vaya más rápido, pero no ha sido definitivo.

De esta manera tanto PSOE como PNV y EH Bildu salen reforzados en ese teatro que es la política institucional. Unos como garantes de los derechos humanos de presos y presas, y otros como garantes de la asimilación política de los anteriormente insurrectos.

Ya solo nos falta analizar cuáles han sido las exigencias que se ha hecho a presos y presas, hasta el punto de decirles que quien no aceptara la legalidad penitenciaria por escrito no sería trasladado. Ya hemos visto que esto no ha sido así, aunque sí haya servido para hacer una clasificación respecto a militantes en base a su actitud. Esto último ha determinado el orden de salida de los aislamientos, así como los plazos de traslados de cárceles y en cuáles de ellas se les ha ido ubicando. Aún así la dispersión continúa, porque Topas, Estremera, o Dueñas, por poner algunos ejemplos, sigue siendo dispersión. O que el Estado francés siga manteniendo a las mujeres a cientos de kilómetros bajo la excusa de que no hay cárceles con divisiones para mujeres más cerca, demuestra una clara falta de voluntad, en este caso por parte del Estado francés, que también es parte implicada.

Para terminar, este proceso ha acarreado que decenas de militantes hayan firmado documentos en los que reniegan de su militancia política. También ha supuesto que en muchos casos se hayan puesto a trabajar en funciones de mantenimiento de la cárcel o para empresas del exterior de la cárcel que pagan poco más de 400 euros al mes a presos y presas que de lunes a viernes no pisan el patio porque están trabajando en condiciones de semi-esclavitud por un sueldo de miseria. Es un tema sensible en Euskal Herria, pero son datos objetivos. Podríamos entrar en el papel que cumple la cárcel en el sistema capitalista, y del negocio que supone para determinadas empresas, pero eso daría para largo.

En noviembre de 2020 la Ertzaintza detenía a dos militantes pro-amnistía, Fito y Valentina, que días después ingresaron en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. ¿Cómo está su proceso judicial? (En el momento de la entrevista aún estaban en prisión)

En primer lugar queremos dejar claro que no somos portavoces de Fito ni de Valentina, pero sí que tenemos contacto habitual tanto con sus familiares como con los de otros presos y presas.

El proceso se mantiene bajo secreto de sumario, y además, tras la detención de otras dos personas en Lekeitio este pasado mes de junio, parece que podrían imputar a una de las personas que ya está presa.

Estas detenciones y encarcelamientos demuestran que mientras no se logre una verdadera paz basada en el respeto de nuestros derechos, las cárceles pueden seguir tragándose a gente. Por eso demandamos la amnistía total en un sentido absolutamente político, que debe recoger, además de la libertad de todos y todas la militantes, la resolución de las causas que les empujaron a la lucha.

Para terminar con la pregunta sobre el proceso judicial de Fito y Valentina, aunque está bajo secreto de sumario, sí se ha filtrado que tratan de hacer un conglomerado que llaman ATA, y al cuál vinculan a diferentes organizaciones que ni siquiera tienen vínculos orgánicos y en muchos aspectos con claros desacuerdos ideológicos entre ellos. Pero como decíamos antes, la represión se amolda a la coyuntura y ahora toca preparar la represión contra un nuevo espacio político.



El recorte de derechos y libertades es cada vez más evidente en el Estado Español. ¿Cómo valoráis estos dos años del “Gobierno mas progresista de la historia” a nivel antirrepresivo?

La represión sigue aumentando y extendiéndose. Están reprimiendo todo tipo de movilizaciones populares (solidarias, antifascistas, anti-desahucios, ecologistas…), movilizaciones obreras y luchas sindicales y, en general, a la disidencia política.

La opresión nacional y social que sufre por parte de los Estados español y francés la clase obrera vasca es una realidad que no se puede negar. El fin de la lucha armada no ha supuesto ningún avance en lo que respecta a la cuestión nacional y mucho menos en lo que respecta a la cuestión de clase. Por otra parte, las instituciones vascas, lejos de suponer un avance a los problemas acuciantes han supuesto todo lo contrario, un retroceso en cuanto a la lucha por los derechos y libertades de Euskal Herria. Tampoco ha supuesto ningún cambio significativo la llegada al gobierno de España de la supuesta izquierda institucional (con la ayuda de los partidos reformistas y nacionalistas vascos). Ni siquiera con el “gobierno más progresista de la historia” se ha dado un respiro a la clase obrera y los demás sectores populares; ni la reforma laboral, ni la ley mordaza han sido derogadas y, ni mucho menos, la ley de partidos o la ley antiterrorista. Todas aquellas promesas de los reformistas han caído en saco roto.

En las movilizaciones obreras y de los demás sectores populares se está viendo un aumento de la represión debido a las diferentes leyes impuestas ya mencionadas. Un clarísimo ejemplo de esto lo hemos podido observar durante esta última etapa de crisis sanitaria que vivimos, donde las pocos derechos y libertades democráticas que nos quedaban han sido borrados de un plumazo aumentando el carácter represivo de los estados.

Las detenciones y encarcelamientos, los montajes policiales, las multas, los desahucios, los despidos y un largo etc. no han cesado en ningún momento. La crisis que sufre el capitalismo y, a su vez, acelerada por la crisis sanitaria va a agudizar, más aún si cabe, las contradicciones entre clases, lo que supone un aumento en la escalada represiva.

Tenemos varios ejemplos con los que podemos sustentar todo lo dicho. Desde la llegada del supuesto “Gobierno más progresista de la historia” hemos vivido varias huelgas de hambre llevadas a cabo por los presos políticos Patxi Ruiz y Txikito, han secuestrado a Fito y Valentina y han detenido, multado y apaleado a otros tantos. También han encarcelado a Pablo Hasel y han reprimido duramente las protestas que se realizaron por todo el Estado donde se exigía tanto su liberación como la de los demás presos y presas políticas.

Por otra parte, constantemente se están viendo reprimidas multitud de protestas de carácter laboral, como son los casos de Tubacex. Petronor, ITP o Bilboko Autodefentsa Sarea, donde ni el Estado ni el Gobierno del PNV, que controla una parte de Euskal Herria, no dudan lo más mínimo en militarizar las calles y reprimir salvajemente a los trabajadores y trabajadoras que luchan consecuentemente por sus derechos laborales. Es decir, el “Gobierno más progresista de la historia” no duda en posicionarse claramente con la patronal. ¿Pero que podemos esperar de un Gobierno donde tiene cabida como Ministro del Interior el ex juez y torturador Fernando Grande-Marlaska?

Debemos tener claro que la represión no depende del gobierno de turno. En función de esto podrán cambiar ciertos matices, algunas reformas, pero la raíz del problema seguirá estando ahí hasta que no se acabe con el capitalismo y se destruyan los cimientos de este estado que jamás rompió con el fascismo más rancio y retrógrado. Seguimos estando en la misma tesitura de ruptura o reforma.